Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas

La Ley N° 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y modificatorias (en adelante, la Ley), establece que una persona jurídica estará exenta de responsabilidad administrativa por la comisión de los delitos de cohecho, lavado y financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias, cuando haya adoptado e implementado en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer, precisar y desarrollar los componentes, estándares y requisitos mínimos de los modelos de prevención que las personas jurídicas de manera voluntaria pueden implementar en su organización a fin de prevenir, identificar y mitigar los riesgos de comisión de delitos a través de sus estructuras, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sus modificatorias. La implementación voluntaria de un modelo de prevención tiene como finalidad la prevención, detección y mitigación de la comisión de delitos, así como promover la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas. Según su artículo 1.

Asimismo, si desean saber un poco más acerca de la normativa pueden leer LUCES Y SOMBRAS DE LA RECIENTE REFORMA DE LA LEY N° 30424 DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA -Más delitos, más penas, pero menos compliance, donde el Dr. Dino Carlos Caro Coria nos comenta En primer término, la Ley Nº 31740 cambia la denominación de la Ley Nº 30424, la que pasa a llamarse “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal”. Con ello, el legislador persiste en el error de calificar como “responsabilidad administrativa” a un sistema de sanciones penales previsto para las corporaciones, pero con la agravante de vincularlas al “proceso penal”, lo que podría dar a entender que la consecuencia jurídica contra la persona jurídica es una consecuencia administrativa de la pena, similar al comiso o decomiso, lo que nos devolvería al fundamento de la peligrosidad objetiva de la cosa, propio de las consecuencias accesorias del artículo 105 del CP, como ya lo estableció el Acuerdo Plenario N° 7-2009.