Comenzamos esta semana, con el estreno del Presidente de la República fuera del país, en el marco de los foros correspondientes a organismos internacionales como la CELAC, OEA y la ONU.
De esta manera, el nuevo régimen supera sus primeros cincuenta días, haciendo su presentación oficial en el contexto internacional, con un discurso caracterizado por lo insulso y vergonzante (por no decir cantinflesco) mientras en el contexto interno el país sigue sumido en una crisis política, económica y social. Estas crisis, han tornado en relativo el romance que suele haber entre presidente y gobernados al inicio del gobierno. Pero lejos de ser causadas por factores externos, como en algunos casos se puede presentar, en el Perú, esta situación caótica de la que no podemos salir, viene siendo provocada por el propio Gobierno entrante.
Y es que el doble mensaje sigue estando presente. Mientras por un lado en tribunas como la OEA el Presidente grita a los cuatro vientos que su gobierno no es comunista y, a través del ministro de Economía que lo acompaña, busca impulsar la inversión privada extranjera; por el otro lado, mantiene conformado un gabinete con una cuota alta de presencia comunista y hasta filo terrorista, y alienta no sólo a través de los partidarios de Perú Libre, sino también de funcionarios del Gobierno del más alto nivel, una campaña para lograr la realización de una Asamblea Constituyente que genere el cambio de la Constitución Política vigente (por cierto, ¿estarán haciendo esa campaña con su plata o la de todos? ¿No es ilegal manifestarse a favor de la constituyente mientras eres ministro o funcionario y te refieres a la entrega de un bono estatal?). Cabe preguntarse cómo el primer mandatario o su ministro de Economía van a convencer a los inversionistas privados que apuesten por el Perú, si con todo esto es evidente que no pueden garantizar, no sólo estabilidad social, política y económica, sino tampoco seguridad jurídica. Pretender cambiar la totalidad de la Carta Magna, en un contexto además de crisis mundial a consecuencia de la pandemia de COVID 19, de la cual todavía no nos recuperamos, sólo contribuye a prolongar el estado de incertidumbre en que vivimos y a empeorar nuestra calidad de vida.
El Presidente del BCR ha proyectado una inversión privada del 0% para el próximo año 2022. Frente a todo esto, el Gobierno, en vez de tomar como prioridad la reactivación económica, la lucha contra la pandemia, mejorar nuestro sistema de salud, la reactivación de las clases de millones de nuestros niños y jóvenes, y la generación de empleo, prefiere iniciar y volver notoria una campaña por una nueva Constitución.
Este empecinamiento en seguir adelante con el afán de tumbarse la Constitución vigente, mientras cada día nos volvemos más pobres a partir que nuestro dinero vale cada vez menos y nuestra población pobre y desempleada ha aumentado de manera importante; nos demuestra no sólo un profundo desconocimiento por parte de Castillo y su cúpula respecto de cómo funciona la economía en el ámbito interno y externo, sino también una desconexión real entre la propuesta comunista de gobierno y las necesidades de nuestro pueblo.
Los peruanos no necesitamos que nos den limosnas de 350 soles, o que el Estado se vuelva empresario. El nuevo régimen debe entender que lo que necesitamos es ser libres para generar con un Estado que haga bien su trabajo, que gestione eficientemente y le dé a su gente lo que necesita para seguir adelante, que no se trata de dádivas, sino oportunidades para surgir, salud, educación y seguridad. Propiciar la inversión pública, pero sobretodo la privada, que es la que no se gasta nuestros recursos. Y para esto no se necesita cambiar la Constitución.
Este Gobierno que reniega a cada momento de la corrupción y le echa la culpa al sistema de todos nuestros males, debería empezar a combatirla a partir de mejorar los procesos de gestión. Debería enfocarse como Estado en mejorar los servicios que da: organismos reguladores más eficientes, policía más eficiente, servicios de justicia, servicios de salud y educación estatales más eficientes. Mejores pistas, mejor infraestructura. Estar presente donde el mercado no es eficiente e intervenir, pero en principio dejar a los ciudadanos la libertad para crear y generar.
En un contexto como en el que nos encontramos, no parece que esto fuera a ocurrir. Por el contrario, el silencio, la desidia, la aparente - que algunos consideramos cierta - ineptitud del Gobierno y sus actores, que se ve acrecentada no sólo por su ideología sino por el afán de contratar a gente inidónea para cargos importantes, parece continuará, y con ello también el deterioro de la calidad de vida de los peruanos.
Necesitamos con urgencia, que el Gobierno de Castillo deje de darle la espalda al país y empiece a solucionar los problemas. No se vive de discursos, de populismos ni de fiestas patronales. Necesitamos un líder que se deshaga de las taras ideológicas y gobierne para que mejoremos. Lamentablemente en estos momentos pareciera que no se tiene la intención de enmendar. Por el contrario, cada día que pasa, con cada decisión, con cada nombramiento, con cada votación (no debemos olvidar que los 37 congresistas de Perú Libre votaron en contra de la Ley para disponer del cadáver del terrorista Guzmán y 4 de Juntos por el Perú se abstuvieron) con cada demora en tomar una decisión, pareciera que disfrutaran en explotar las diferencias, en generar el caos, el conflicto entre peruanos de distintos lugares y niveles socio económicos. No se ve propósito de cambio a mejor. Por ello, parece ser que los únicos capaces de detener esto somos los ciudadanos. La pregunta, como en ocasiones anteriores continúa siendo, ¿hasta cuándo y cuánto más vamos a soportar? ¿Estaremos esperando a que un pan nos cueste un sol, un galón de combustible 20 soles o el gas 80 soles?