Incumplimiento de deberes y ocultamiento de información en la actividad minera ilegal atenta contra la cuenca del río Vitichi en Potosí

Por Antonio Alberto Cajías Cueto 

Conversatorio de “La Voz de la Naturaleza” realizado en fecha 10 de marzo del presente, denominado “Contaminación Minera en la cuenca del río Vitichi”. Invitados especiales Virgilio Rocha, vicepresidente del comité de Medio Ambiente del Municipio de Cotagaita, Isabel Salinas representante del Comité de Medio Ambiente y movilizaciones del Municipio de Cotagaita y el Consejal Ricardo Luís Llanos del Municipio de Vitichi. Programa conducido por Antonio Cajías.

CONTEXTO

Vitichi está ubicado en la provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, ubicado a 75 km de la ciudad de Potosí, es una cabecera de valle, productora vitícola, ganadera, agrícola con productos como maíz, papa y frutales.

Comenzamos el conversatorio escuchando al Consejal Ricardo Luís Llanos, quien nos comenta que “el pasado martes estuvimos en La Paz denunciando ante la prensa, como representantes del Gobierno Municipal de Vitichi, la contaminación minera”. “Hace 40 años estamos pidiendo ser escuchados por la contaminación minera”. En la cuenca del río Vitichi se encuentran empresas mineras metalúrgicas, estas empresas están provocando contaminación, tal el caso de la empresa ANDACABA, la otra empresa que está afectando la cuenca es la empresa Comurana. En la actualidad estas empresas están abandonadas, en tal sentido se realizó una demanda a fin de que estas empresas sean procesadas por el daño ambiental. “En el caso de la empresa Comurana se ha declarado en rebeldía y la representante legal de la empresa señalada Patricia Monje fugó del país” nos comenta Llanos. “En los estudios realizados se ha determinado”, según nos comenta Llanos, “40 toneladas de pasivos ambientales en los ríos los mismos que con las precipitaciones pluviales estas están siendo arrastradas afectando a cultivos, peces, ganado menor y poblaciones humanas”. En el caso de la empresa ANDACABA, hace dos años su licencia fue suspendida por incumplimiento de pagos a su personal y en la actualidad en estado de abandono provocando el rebalse de los diques a los ríos. Por otro lado, nos comenta que “existen empresas mineras ilegales que de igual forma estarían provocando contaminación en esta cuenca”. Ante la denuncia realizada a la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), señalaron que evidentemente no existe autorización de operación de estas empresas ilegales. Finalmente, Llanos nos comenta que, “la contaminación en la cuenca del río Vitichi por aguas ácidas que desembocan de la boca de la mina sin ser tratadas están provocando daños a la salud”.

AFECTACIÓN A LOS MEDIOS DE VIDA

En la actualidad la cuenca está siendo afectada por la actividad minera presentando una coloración naranja. Llanos nos comenta que años atrás esta cuenca presentaba una variedad de vertientes y ojos de agua cristalina donde los comunarios consumían el líquido elemento. En este momento, agrega, que la actividad agrícola basada en productos como manzana, pera, uva, maíz, papa y hortalizas en general, hoy por hoy, ante la ausencia de lluvias, los agricultores optaron por regar los cultivos y plantaciones con el agua contaminada. En la actividad pecuaria, tanto el ganado menor (cabras y ovejas) como mayor (vacuno), baja de los cerros a beber el agua contaminada provocando la muerte de animales a orillas del río tanto vacas como cabras. Llanos señala que los principales metales pesados son el plomo, el arsénico entre otros. En el caso de la salud humana, Llanos señala que, en el centro de salud se han identificado casos de diarrea, dolores estomacales y otras afectaciones que presenta la población.

Por otro lado, Isabel Salinas, nos comenta que en el caso de “la afectación ambiental tanto en el suelo como en el agua en la provincia Sud Chichas es grave”. “Los estudios de auditoría ambiental efectuados por la Contraloría General del Estado realizados en laboratorios de la república de Canadá, señalan que, los suelos están contaminados por metales pesados como ser arsénico, plomo, cadmio, entre otros”. Señala también, que este daño ambiental, “tiene responsabilidad en la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación del departamento de Potosí y que a través de las auditorias realizadas se podrían procesar a los funcionarios que otorgaron los permisos de funcionamiento de las empresas mineras”. Salinas agrega que “la mayoría de los habitantes de la cuenca viven de la agricultura y de la ganadería mayor y menor”, por tanto, señala, que “la minería tiene un costo social, ambiental y político y pide que las autoridades empiecen a trabajar en el cumplimiento de las leyes”. Recalca también, que “los alimentos que llegan a las ciudades provienen del campo, pero si la actividad agrícola y ganadera es afectada, consecuentemente la migración campo – ciudad se incrementará”. Finalmente pregunta, ¿quién asumirá los costos de pérdida tanto en la agricultura y ganadería, mientras las empresas mineras se llenan los bolsillos?

METALES PESADOS IENTIFICADOS

Salinas agrega que los metales pesados identificados por el levantamiento de muestras son: zinc, plomo, cromo, niquel, cobre, mercurio, arsénico, cadmio entre otros. Según nos comenta, los niveles de contaminación, superan los niveles permitidos por la normativa nacional e internacional. Así mismo, señala, que en la auditoría ambiental efectuada en poblaciones del municipio de Tupiza se encontró en muestras de sangre de los niños niveles elevados de plomo.

Respecto a la empresa Uzquiano EMUS S.R.L, don Virgilio Rocha nos comenta que, “la empresa inició sus actividades el 08 de abril de 2020 en territorio de Huayrani, Allyu Collana sin tomar en cuenta el derecho constitucional de la consulta pública y abierta a la comunidad”. Señala también que, la planta concentradora de flotación de cobre por parte de la empresa, está asentado en la cabecera de la sub cuenca de Tumusla conocida como Chiquimayu y de acuerdo a los informes oficiales, esta empresa no contaría con la licencia ambiental ni estudios de acuerdo a estudios oficiales de impacto ambiental para la extracción de recursos mineralógicos y consecuentemente sus actividades, no cuentan con la infraestructura adecuada para prevenir el derrame y arrastre de los residuos mineros acumulados en los estanques cuyos reblases desembocarían en el río denominado La Vuelta, constituyéndose en un atentado de los habitantes y en grave riesgo para el medio ambiente del área de influencia del proyecto. Señala Don Virgilio, que la ilegalidad señalada no lo señalan los pobladores, sino lo señala los propios Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA, el ministerio de Minería y Metalurgia quienes, a decir de Don Virgilio, con papeles en mano son ellos quienes han identificado esta ilegalidad. De la misma forma, tanto el municipio como la Gobernación son responsables, indica también que las denuncias efectuadas “son un saludo a la bandera”. Resalta también, que los medios de vida de los pobladores es la agricultura y la ganadería, sin embargo, señala que la actividad más afectada es la frutícola. Respecto a la consulta a la población, agrega que la empresa acusó de falsedad a los pobladores y que ellos se oponen a la actividad minera confundiendo a la población y a las autoridades con un discurso completamente distinto.

SOLICITUD DE TRASLADO DE EMPRESAS MINERAS

Don Virgilio Rocha nos comenta que la principal queja que ellos tienen es que las empresas se manejan con una visión extractivista completamente insostenible y atentatoria al medio ambiente, toda vez que una vez agotados los recursos minerales o ya sea por la baja de precios la infraestructura es abandonada dejando todos los pasivos ambientales en los lechos de río y estos a su vez se convierten en una especie de “té de sopar” en época de lluvia. Por tanto, los comunarios, dirigentes y población en general pide y exige el traslado de las empresas mineras, sin embargo, señalan también que no están en contra de la minería, sino que su labor sea acorde a la normativa ambiental boliviana respetando los medios de vida de las poblaciones. Por otro lado, señala, que otra de las características de las empresas mineras es “una vez que ya no son rentables fugan del país dejando en completa indefensión a la población afectada”. Asimismo, denuncia que cuando se alertó a las autoridades departamentales estas respondieron que “no tienen presupuesto”. En el caso de la Empresa Minera Metalúrgica Uzquiano “EMMUZ SRL" situado en la comunidad de Huayrani municipio de Tomave provincia Antonio Quijano límite con provincia Nor Chichas Cotagaita, señalan los comunarios que a pesar de la ilegalidad de esta empresa, han solicitado a las autoridades la reubicación, a pesar que están echando toneladas de pasivos ambientales sobre las quebradas de los ríos sin considerar la instalación de geomembranas, asimismo, la empresa ha señalado, que los pasivos ambientales son “semisecos” con un porcentaje de humedad del 18 %, pero no considera que estos pueden disolverse en época de precipitaciones pluviales.

LAS AUTORIDADES HACEN OIDOS SORDOS.

Don Virgilio finalmente, comenta que la denuncia a la empresa Empresa Minera Metalúrgica Uzquiano “EMMUZ SRL", fue realizada en septiembre de 2020 a la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, hasta la fecha se han realizado innumerables reuniones con actas, compromisos y promesas, “ninguna cumplida” señala el entrevistado. Por otro lado, nos comenta que, ante esta situación delicada, la Gobernación de Potosí, ya estaría cometiendo el delito de “incumplimiento de deberes”, “ocultamiento de información”, por lo que reitera la solicitud a las autoridades “cumplan con el mandato por el cual fueron elegidos”, “cumplan con la normativa ambiental”.

Autor: Antonio Alberto Cajías Cueto

 Ingeniero Agrónomo de profesión, Magister en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la Escuela Militar de Ingeniería - EMI, Diplomado en Comunicación Ambiental en el Centro de Investigación para el desarrollo Sostenible, Chiapas, México, especialista en Sistemas de Información Geográfica, 10 años de experiencia en temática agraria, conservación de áreas protegidas y producción de alimentos. Director y Fundador del Programa “La Voz de la Naturaleza”.

Una publicación original de la Revista Boliviana de Derecho Ambiental, en fecha 18 de marzo del 2022.