Actualidad económica durante la pandemia
Escribe: Ana Guerra Sotelo
Hoy en día se trata de recuperar el tiempo perdido debido a la inmovilización social obligatoria anunciado por el Ejecutivo, a causa de la pandemia por el virus COVID-19. Pero, hoy que nos encontramos en la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas, y se observa una realidad nefasta e incierta para muchas empresas que no pueden abrir sus negocios porque deben de contar con el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del MINSA.
Para las medianas y grandes empresas implementar estos lineamientos puede ser de fácil accesibilidad en comparación de las micro y pequeñas empresas, porque estas no cuentan con el suficiente capital extra. El Ejecutivo lanzó el 30 de Marzo el programa Reactiva Perú, que otorga préstamo a empresas formales (2,393,033 en total, de lo cual las Mypes representan el 90%), con una tasa muy por debajo del mercado, con la finalidad de que no se recorte la cadena de pagos y puedan seguir trabajando. Sin embargo, al mes de otorgados estos préstamos, se observa que solo se llegó a otorgar este beneficio a 3.08% del total de Mypes, siendo los grandes beneficiados las medianas (49.6%) y la gran empresa (32.1%).
Esto se debe a que las entidades financieras no desean correr riesgos de no devolución de los montos prestados, por tal motivo, les dan preferencia a aquellas que ya cuentan con historial crediticio sólido.
Ante ello, lamentablemente no se cumple el objetivo a la totalidad, ya que, las grandes fuentes de empleo actual lo dan la micro y pequeñas empresas, permitiendo dinamizar la economía.
La abultada reserva fiscal del país facilita distribuir los bonos o subvención económica destinado a familias vulnerables, para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, pero este dinero no se ejecutó de manera adecuada evitando que realicen largas colas en los bancos , obviando el distanciamiento social por el COVID-19.
Otras de las facilidades que emitió el Ejecutivo, fue el retiro de 2000 soles de las AFPs para aquellas personas que son aportantes a dicho sistema y, actualmente, no están laborando como mínimo 6 meses antes.
Por otro lado, el Legislativo debate la aprobación de ley de retiro del 25% para todos los ciudadanos afiliados a dicho sistema de jubilación.
Ante tal realidad, se ve reflejada la otra cara de la moneda con respecto al seguro de salud privado, de cómo las clínicas cobraron precios altos para la realización de pruebas moleculares cuando el Estado no les cobraba nada, el costo exorbitante para el tratamiento de pacientes hospitalizados, precios sobrevalorados de medicamentos yendo en perjuicio, para aquellos que cuentan con un seguro privado y para aquellas que no, porque muchos tienen que empeñar bienes muebles o realizar préstamos muy altos para poder hacer frente a estos costos exorbitantes, permitiendo que la cadena de deuda en estas familias continúe con un periodo de mediano a largo plazo y, muchos de ellos, no cuentan con trabajo estable o simplemente fueron despedidos.
¿Qué tipo de medidas debe de ejecutar el gobierno para evitar que el sobreendeudamiento de estas personas?, ¿Qué regulaciones se debe de ejecutar para evitar la sobrevaloración de precios?, ¿Por qué todos los peruanos no se encuentran inscritos al seguro de salud estatal a pesar de sus deficiencias? Son preguntas que todavía falta de explicación, seguimiento y consideración de nuestras autoridades.
Artículo originalmente publicado en octubre de 2020 en el Boletín N° 15 del Grupo de Derecho Corporativo de la Universidad Nacional Federico Villareal.